México activa un nuevo frente para elevar la seguridad en las minas

México activa un nuevo frente para elevar la seguridad en las minas


Por: Inés Arroyo 



La seguridad minera en México dio un paso significativo con la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE). Este acuerdo se convierte en el instrumento operativo para aplicar, de manera efectiva, la reciente ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un estándar internacional que busca reducir los riesgos en la industria considerada como una de las más peligrosas del mundo.

Con la aprobación del Convenio 176 por el Senado el 19 de noviembre, el país asumió el compromiso de reforzar la protección de los trabajadores del sector extractivo. En ese contexto, la STPS y la SE diseñaron un plan conjunto que permitirá intensificar la vigilancia, mejorar las inspecciones y garantizar que las minas operen bajo condiciones que respeten la legislación laboral y las Normas Oficiales Mexicanas.

El acuerdo establece una estrategia basada en operativos coordinados para supervisar las condiciones generales de trabajo, la aplicación de medidas de seguridad e higiene y el cumplimiento de los lineamientos técnicos que regulan la actividad minera. La meta es fortalecer la capacidad del Estado para detectar riesgos, prevenir accidentes y generar un entorno laboral más seguro.

El documento fue firmado por Alejandro Salafranca Vázquez, Jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, y José Castro Hernández, Director General de Minas de la Secretaría de Economía. Ambos funcionarios coincidieron en que la cooperación interinstitucional es esencial para ampliar el alcance de la acción gubernamental y mejorar la protección de los trabajadores.

De acuerdo con información oficial, el convenio no sólo permitirá realizar inspecciones más completas, sino que facilitará una intervención más rápida ante posibles irregularidades. Con ello, el Gobierno de México busca avanzar hacia un modelo de supervisión que priorice la prevención y que responda al llamado de los propios mineros para trabajar en entornos más seguros y dignos.

La firma de este acuerdo marca un punto de inflexión: la seguridad minera deja de ser un tema reactivo para convertirse en una política articulada, respaldada por normas internacionales y enfocada en proteger a quienes laboran en una de las industrias más exigentes del país.




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