México endurece la ley contra la extorsión

México endurece la ley contra la extorsión

Por: Héctor Herrera 

La Cámara de Diputados aprobó una ley federal para enfrentar la extorsión, el delito de mayor crecimiento en el país. La normativa, avalada por unanimidad, establece penas de 15 a 42 años de prisión y crea un marco homogéneo para su persecución en todo México.

El cambio ocurre en un contexto complejo. La extorsión es el único delito que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que no ha logrado reducir en su primer año de gobierno. Las cifras oficiales confirman esta tendencia: durante el primer semestre de 2025, los casos aumentaron 7%, alcanzando 5,887 víctimas, la cifra más alta desde que existen registros.

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es la unificación de la definición del delito. Hasta ahora, cada estado lo tipificaba de manera distinta, lo que generaba criterios desiguales de investigación y sanción. Con la reforma, el país contará con un estándar nacional que simplifica el trabajo de las autoridades y evita vacíos legales.

Otro cambio relevante es que la extorsión se investigará y perseguirá de oficio, sin requerir que la víctima presente una denuncia formal. La medida busca reducir la cifra negra del delito: el 96.7% de los casos no se reporta, principalmente por miedo a represalias y desconfianza en el sistema de justicia. Para facilitar la identificación de casos, cualquier persona podrá presentar un reporte de manera anónima.

La ley también refuerza las sanciones contra funcionarios públicos involucrados o negligentes. Aquellos que no denuncien un caso de extorsión enfrentarán 10 a 20 años de prisión. Los servidores penitenciarios que faciliten este delito recibirán 15 a 25 años. Además, se castigará con 6 a 12 años a los reclusos que utilicen teléfonos o dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios, así como a quienes permitan su ingreso.

Durante la sesión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, señaló que la extorsión afecta a millones de personas que se ven obligadas a entregar parte de sus ingresos a grupos criminales. Legisladores de distintos partidos coincidieron en que el delito ha alcanzado niveles críticos y requiere una respuesta legislativa firme.

La nueva ley todavía debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor. Su aprobación en la Cámara baja representa un avance relevante en el intento por frenar un delito que afecta tanto a ciudadanos como a sectores productivos.

De ratificarse, la normativa permitirá unificar criterios, fortalecer las investigaciones y enviar una señal clara sobre la necesidad de frenar una actividad criminal que, durante años, ha operado con altos niveles de impunidad.