La propuesta, presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya (PT), busca reformar el artículo 61 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la CDMX, fortaleciendo el marco legal y asegurando el libre tránsito de quienes tienen movilidad reducida.
Guerrero Maya explicó que los obstáculos en rampas o elevadores no solo afectan la movilidad, sino también derechos esenciales como trabajo, educación, salud y participación social. Señaló que aumentar la multa no es un castigo desproporcionado, sino un recordatorio de la responsabilidad social de mantener espacios accesibles.
La legisladora destacó que conductas aparentemente menores, como banquetas bloqueadas o señalizaciones ignoradas, representan un obstáculo importante para quienes dependen de estos accesos. Con la reforma, la CDMX busca ser más justa, humana e inclusiva, haciendo que la accesibilidad sea un derecho y no una opción.
"Una ciudad accesible es una ciudad más justa. Con esta medida, damos un paso necesario para proteger el libre tránsito y promover la corresponsabilidad social", concluyó Guerrero Maya.
Si se aprueba la iniciativa, se espera que los ciudadanos respeten estos espacios y que la capital avance hacia un entorno urbano realmente incluyente, donde la movilidad de las personas con discapacidad no se vea limitada por barreras físicas o desinterés social.
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