Prisión para exministros de Petro por presunta red de corrupción
Un tribunal colombiano ordenó el envío a prisión de dos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes enfrentan un proceso penal por presuntamente haber participado en una red de corrupción destinada a direccionar contratos estatales a cambio de apoyo político en el Congreso.
Se trata de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, quienes, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, habrían coordinado acciones con otros funcionarios públicos y congresistas para manipular la asignación de contratos del Instituto Nacional de Vías y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estas dependencias manejan recursos clave para infraestructura y atención de emergencias en distintas regiones del país.
Según la acusación, los contratos habrían sido utilizados como moneda de cambio para garantizar respaldo legislativo a iniciativas impulsadas por el gobierno, en un esquema que involucró intereses políticos y administrativos de alto nivel. Por estos hechos, ambos exministros fueron imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer, cargos que podrían derivar en penas de hasta 27 años de prisión.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que no existía riesgo de fuga y solicitó que los imputados enfrentaran el proceso en libertad. Incluso la Procuraduría General de la Nación planteó la posibilidad de concederles el beneficio de detención domiciliaria. Sin embargo, el tribunal desestimó estas peticiones.
La magistrada a cargo del caso determinó que los exfuncionarios representan un "riesgo para la comunidad" y advirtió un probable riesgo de repetición de las conductas investigadas, aun cuando ya no ocupan cargos públicos. En su resolución, subrayó que su capital relacional, su conocimiento especializado y su ascendiente político podrían facilitar nuevas conductas irregulares.
Luis Fernando Velasco dejó el Ministerio del Interior en junio de 2024, en medio de los primeros señalamientos de corrupción dentro del gobierno. Por su parte, Ricardo Bonilla salió del gabinete en diciembre del mismo año, luego de que el presidente Petro le solicitara la renuncia tras estallar el escándalo. Ambos han insistido en su inocencia.
El caso representa uno de los golpes judiciales más relevantes contra exintegrantes del actual gobierno colombiano y profundiza el debate sobre la lucha anticorrupción, la responsabilidad política y el impacto de estos procesos en la estabilidad del proyecto de gobierno de Gustavo Petro.
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