Cuestionan en el INE contrato millonario para documental sobre la elección del Poder Judicial

Cuestionan en el INE contrato millonario para documental sobre la elección del Poder Judicial

Por: Inés Arroyo

La adjudicación de un contrato por más de un millón de pesos para la producción de un documental sobre la elección del Poder Judicial generó cuestionamientos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la consejera Carla Humphrey se deslindó públicamente del acuerdo y lo calificó como un gasto innecesario.

El contrato, publicado en el portal oficial del instituto, contempla el pago aproximado de un millón 157 mil pesos al productor Gilberto Solís Mendívil para la realización de una miniserie que narraría el proceso de la primera elección del Poder Judicial. La decisión provocó críticas debido al monto asignado y a la pertinencia de contratar servicios externos.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Humphrey señaló que el INE cuenta con personal especializado, infraestructura técnica y recursos materiales suficientes para desarrollar internamente este tipo de contenidos informativos, particularmente materiales audiovisuales con elementos gráficos propios de la autoridad electoral.

La consejera electoral aclaró que no participa en los procesos de adquisición de bienes y servicios del instituto. No obstante, tomó distancia de la contratación al considerar que este tipo de decisiones deben evaluarse con especial cuidado, sobre todo en un contexto de alta exigencia ciudadana respecto al uso de recursos públicos.

La polémica se intensificó tras conocerse posibles vínculos entre el productor del proyecto y personas cercanas a la presidencia del INE. De manera específica, se ha señalado la cercanía de Solís Mendívil con Lourdes Peña, asesora de la presidenta del organismo, lo que generó inquietudes sobre un posible conflicto de interés.

Humphrey también indicó que en la adjudicación participaron diversas personas, algunas de las cuales presuntamente perciben recursos del propio instituto y que anteriormente formaron parte de una misma agencia de publicidad. Estos elementos abonaron a la percepción de opacidad en el proceso.

El caso tomó mayor relevancia pública debido a que el productor del documental ha sido señalado en investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos y simulación de contratos por montos superiores a los 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo. Aunque dichos señalamientos no están directamente vinculados con el contrato del INE, han reforzado las exigencias de mayor transparencia.

La controversia se presenta en un momento sensible para el organismo electoral, encargado de organizar un proceso inédito como la elección del Poder Judicial. Especialistas advierten que decisiones de este tipo pueden afectar la confianza ciudadana y la credibilidad institucional.

Hasta ahora, el INE no ha emitido una postura oficial para explicar los criterios que sustentaron la adjudicación. Sin embargo, el deslinde público de una consejera ha colocado el tema en el centro del debate y ha reavivado la discusión sobre el uso de recursos y la rendición de cuentas dentro del instituto.