Contraloría investiga posibles anomalías inmobiliarias en 48 predios de Benito Juárez

Por: Inés Arroyo

 La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México abrió una investigación por posibles irregularidades administrativas relacionadas con construcciones y uso de suelo en 48 predios ubicados en la alcaldía Benito Juárez.

El expediente OIC/BJ/D/0029/2026 se encuentra actualmente en etapa de investigación e integra casos previamente reportados ante la mesa de atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios. La documentación fue turnada a distintas autoridades capitalinas para su análisis.

La indagatoria fue reportada al Congreso de la Ciudad de México luego de que el pleno solicitara información sobre los procedimientos administrativos relacionados con el llamado “cártel inmobiliario” en Benito Juárez.

Entre los hechos que deberán ser revisados se encuentran posibles autorizaciones de proyectos que habrían superado los niveles de construcción establecidos en las licencias correspondientes. También se plantea determinar si servidores públicos de áreas vinculadas con Obras y con Jurídica y de Gobierno tuvieron alguna participación.

Estos señalamientos forman parte de una investigación en curso y no representan, por sí mismos, una determinación de responsabilidad. Corresponderá a las autoridades reunir elementos y establecer, en su caso, si existieron faltas administrativas.

La Contraloría General, encabezada por Nashieli Ramírez, mantiene bajo reserva la información del expediente, al considerar que su divulgación podría afectar el desarrollo de las investigaciones y la eventual determinación de responsabilidades.

En paralelo, el Congreso capitalino solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México información sobre el estado de las indagatorias relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario”, así como datos sobre carpetas de investigación, personas servidoras públicas bajo investigación y las acciones contempladas para la reparación del daño y recuperación del patrimonio urbano.

Como parte de las acciones administrativas, el Instituto de Verificación Administrativa y la propia alcaldía Benito Juárez deberán realizar revisiones técnicas en los inmuebles señalados y, cuando corresponda, elaborar dictámenes de seguridad estructural, particularmente en aquellos casos donde se detecten niveles de construcción superiores a los autorizados.

Por ahora, el expediente permanece abierto y no existe una resolución definitiva que atribuya responsabilidades administrativas por los hechos relacionados con los 48 predios.