¿Quién pagó la promoción de López Casarín? IECM ordena retirar propaganda y lo investiga por presunta promoción personalizada rumbo a 2027

¿Quién pagó la promoción de López Casarín? IECM ordena retirar propaganda y lo investiga por presunta promoción personalizada rumbo a 2027


Por: Héctor Herrera 

El alcalde de Álvaro Obregón enfrenta cuestionamientos del PAN y SOMOS por la difusión masiva de publicidad de su segundo informe de gobierno. La autoridad electoral constató propaganda en 17 de 30 ubicaciones denunciadas y ordenó retirarla en un plazo de 24 horas; también deberán esclarecerse los gastos y el posible uso de recursos públicos.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, se encuentra bajo investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por la difusión de propaganda relacionada con su segundo informe de gobierno, en la que su imagen, apellido, cargo y el número «27» aparecen de manera predominante. Los señalamientos por presunta promoción personalizada y posibles irregularidades electorales escalaron luego de que el PAN presentara una denuncia y el partido SOMOS se sumara a los cuestionamientos por la saturación de publicidad en vialidades de alta circulación, entre ellas Periférico.

El caso ya tuvo consecuencias ante la autoridad electoral. El 29 de octubre, la Comisión Permanente de Quejas del IECM determinó iniciar un procedimiento especial sancionador contra López Casarín, identificado con el expediente IECM-QNA/215/2026, por posibles conductas de promoción personalizada, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, así como por presuntas violaciones a las reglas de difusión de informes de labores.

Durante la investigación preliminar, la Oficialía Electoral constató la existencia de propaganda en 17 de las 30 ubicaciones denunciadas. Los anuncios fueron colocados en distintos puntos de Álvaro Obregón y también se identificó publicidad en una estación del Metro ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, fuera del territorio que gobierna López Casarín.

Uno de los elementos que llamó la atención de la autoridad fue la proporción que ocupaban los componentes personales del alcalde frente a la información de su informe. En los materiales destacaban su fotografía, apellido, cargo y el número «27», que podría asociarse con el año de la jornada electoral del proceso 2026-2027. El IECM consideró preliminarmente que esta presentación podría implicar un posicionamiento indebido y una posible transgresión al artículo 134 constitucional.

Ante estos elementos, la Comisión dictó medidas cautelares y de tutela preventiva para ordenar el retiro inmediato de la propaganda localizada, así como de cualquier otro material con características similares, en un plazo de 24 horas a partir de la notificación de la determinación. La autoridad electoral precisó que estas medidas buscan evitar la continuidad de las conductas denunciadas y no representan todavía una resolución definitiva sobre la responsabilidad del funcionario.

La investigación comenzó después de la queja presentada el 28 de octubre por la diputada local del PAN, Liz Salgado, quien solicitó revisar la estrategia publicitaria desplegada con motivo del segundo informe de gobierno de López Casarín, presentado el 27 de octubre en el Teatro de la Juventud. La legisladora señaló que la difusión institucional habría sido utilizada para destacar la imagen personal del alcalde y cuestionó que se realizara en el contexto del proceso electoral 2026-2027.

El PAN CDMX, encabezado por Luisa Gutiérrez Ureña, respaldó la denuncia y aseguró que cuenta con fotografías y evidencias del presunto uso de personal y vehículos oficiales de la alcaldía para colocar lonas y otros materiales publicitarios. Entre los recursos cuya utilización pidió investigar mencionó camionetas, camiones de basura y grúas oficiales. La queja solicita identificar quién habría ordenado estas tareas, qué trabajadores participaron y qué recursos humanos, materiales y financieros se destinaron a la colocación de los anuncios.

A los señalamientos del PAN se sumó SOMOS, que cuestionó la presencia de propaganda del informe en vialidades importantes como Periférico. A través de sus redes sociales y de jóvenes vinculados con su organización, el partido sostuvo que el despliegue publicitario podría constituir una infracción electoral y actos anticipados de campaña. También cuestionó que una estrategia de posicionamiento personal pudiera presentarse bajo el argumento de informar sobre las actividades del gobierno de la alcaldía.

La coincidencia de los cuestionamientos de ambas organizaciones puso en el centro de la discusión no solamente el diseño de los anuncios, sino también su alcance territorial, la finalidad de la difusión y el posible aprovechamiento de la estructura gubernamental para promover al titular de la demarcación.

Uno de los asuntos que todavía requiere esclarecimiento es el costo de toda la operación publicitaria. Liz Salgado pidió investigar cuánto se destinó a producir y colocar lonas, pendones y materiales similares; quiénes fueron los proveedores, qué contratos se celebraron, dónde están las facturas y de qué partida presupuestal salieron los recursos. También solicitó determinar si el gobierno de Álvaro Obregón aportó personal, vehículos o materiales para instalar la propaganda.

La propia Comisión de Quejas del IECM reservó su pronunciamiento sobre el posible uso indebido de recursos públicos, debido a que se encuentra pendiente la obtención de información de las autoridades correspondientes. Por tanto, aunque el procedimiento electoral ya está en marcha, todavía no existe una determinación que acredite que el alcalde utilizó presupuesto, trabajadores o vehículos oficiales para promover su imagen.

El caso contrasta con los resultados que López Casarín presentó durante su segundo informe, entre ellos una reducción de 9 por ciento en delitos de alto impacto y de 32 por ciento en homicidio doloso, cifras difundidas como parte del balance de seguridad de su administración. Sin embargo, la publicidad utilizada para comunicar esos avances terminó bajo revisión electoral por la exposición de su imagen y por los elementos que podrían relacionarse con el próximo proceso electoral.

La pregunta que ahora deberá responderse es quién pagó la promoción de López Casarín y con qué recursos se colocó su imagen en distintos puntos de la ciudad. También deberá esclarecerse quién autorizó la contratación, qué empresas participaron y si personal y vehículos de la alcaldía fueron destinados a esas labores.

El IECM tendrá que continuar la investigación y determinar si existieron infracciones a la legislación electoral; posteriormente, corresponderá a la autoridad jurisdiccional competente resolver el fondo del procedimiento. Mientras tanto, la orden de retirar la propaganda constituye una medida cautelar, no una sanción definitiva.

En un ejercicio de rendición de cuentas, la ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados de su gobierno, pero también el costo de la publicidad utilizada para difundirlos y el origen de los recursos con los que se financia. En Álvaro Obregón, la discusión ya no se limita a la imagen de un informe: alcanza el uso de los recursos públicos, los límites de la promoción de los servidores públicos y la equidad de cara a las elecciones de 2027.

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