Bloqueo financiero alcanza a 40 involucrados en operaciones relacionadas con proveedores electorales

Bloqueo financiero alcanza a 40 involucrados en operaciones relacionadas con proveedores electorales


Por: Héctor Herrera 

Una investigación sobre operaciones financieras vinculadas con el sector electoral derivó en el bloqueo de cuentas de 40 personas físicas y morales, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara movimientos con elementos de riesgo que ameritan la intervención de las autoridades.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que su análisis identificó operaciones que involucran a 15 personas morales y 25 personas físicas relacionadas con proveedores electorales. Como parte de las acciones emprendidas, incorporó a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

A partir de esta denuncia, corresponderá al Ministerio Público federal desarrollar las investigaciones y establecer si las operaciones detectadas derivan en alguna conducta ilícita o generan responsabilidades legales. La UIF no hizo públicos los nombres de las personas ni de las empresas incluidas en la medida.

La dependencia precisó que el bloqueo de cuentas tiene carácter preventivo y administrativo, por lo que no equivale a una sentencia ni representa una declaración definitiva de culpabilidad. También señaló que las personas involucradas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación.

La información adquirió relevancia política luego de que los diarios Reforma y El Universal reportaran que entre las personas afectadas estarían Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, la UIF no confirmó oficialmente su identidad ni la de otros posibles involucrados.

El señalamiento se produce en medio de cuestionamientos periodísticos sobre un posible conflicto de interés relacionado con Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado en reportes como proveedor del órgano electoral. Estas publicaciones han puesto bajo escrutinio la relación entre ambos, aunque la existencia de irregularidades deberá acreditarse mediante las investigaciones correspondientes.

La actuación de la UIF también coloca bajo revisión las operaciones financieras de personas y empresas vinculadas con servicios electorales, un sector en el que los contratos públicos y los mecanismos de adjudicación requieren controles y transparencia.

La dependencia sostuvo que continuará con las labores de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Por ahora, el alcance de las posibles irregularidades y la identidad de todos los involucrados deberán esclarecerse ante las instancias competentes.

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FOTO: LA HOGUERA

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